EL SACRO CONVENTO DE SAN BENITO, CASA MATRIZ DE LA ORDEN MILITAR DE ALCÁNTARA Y SU PERIPLO INCLEMENTE A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Los freires de la Orden Militar de Alcántara habitaron diversos conventos hasta llegar a establecerse como sede principal en el Sacro Convento de San Benito sito en la villa cacereña de Alcántara.

En sus inicios, siendo la congregación religiosa del Pereiro, se afincaron en tierras portuguesas, a orillas del río Coa, a ocho leguas de Ciudad Rodrigo, en el Monasterio de San Julián. Después, tras la militarización de la congregación por impulso del monarca Fernando II en 1156, y ya convertida en Orden Militar, al aumentar el número de freires y milites, se desplazaron a otra iglesia de la zona conocida como “Santa María del Pereiro”.

Nos indica el cronista Rades y Andrada que bajo el mandato del maestre D. Diego Sánchez se trasladan de tierras del Pereiro a Alcántara pasando a instalarse en el “Convento Viejo” situado en la alcazaba o castillo de la Villa alcantarina.

Con posterioridad, siendo ya Orden de Alcántara y bajo el precepto del maestre D, Juan de Sotomayor, se “acomoda” este edificio que resultaba estrecho y corto, siendo bajo el mandato de su sobrino, el maestre Don Gutierre de Sotomayor, cuando se ordena edificar en él unas dependencias al lado de la iglesia para los maestres. Mientras se edificaban estas, los freires hacían el culto y la oración en la iglesia Santa María de Almocóvar quedándose incluso en algunos momentos a vivir en casas particulares cercanas a esta.

A pesar de las obras de acondicionamiento del viejo convento siguió siendo incómodo e inhóspito por lo que en 1498 se produciría una breve estancia fuera de la localidad en el conocido por “San Benito el Viejo”, que se construyó en una dehesa de la Orden conocida con el nombre de “El Cortijo”, junto a la ermita de Nuestra Sra. de los Hitos, buscando que tanto el prior como los freires vivieran en clausura.

En las obras de este nuevo monasterio intervino, hasta su muerte, en el año 1503, el maestro de cantería Bartolomé de Pelayos y sin embargo en el Capítulo general de Medina del Campo en 1504 se puso de manifiesto la poca salubridad del sitio donde se había edificado a lo que había que añadir la incomodidad de vivir fuera de la población. Se convino volver a la villa.

Data el también cronista y frey de la Orden Militar Alonso Torres y Tapias, los comienzos de la construcción del nuevo Sacro Convento en 1505 y lo sitúa en un lugar llamado “La Cañada” por donde hasta ese momento pasaban los animales camino del río Tajo.

El maestro encargado de realizar el proyecto, al menos en una primera etapa que va de 1505 a 1518, sería Pedro Larrea, pero fue apartado de este por sus constantes ausencias del trabajo. No queda claro cuál fue el devenir de las obras hasta el año 1545 en que toma las riendas de estas el maestro Pedro Ibarra, edificándose en esta segunda etapa la hospedería con sus arquerías exteriores y la iglesia conventual. Fallece el maestro Ibarra en 1570 sucediéndole su colaborador hasta ese momento Sebastián de Aguirre también hasta su muerte, que se producirá un lustro después, en 1575.Queda Alcántara en esa época desplazada de los intereses de la Corona volviendo a hacerse algunas reformas a mediados del S XVIII.

Pero realmente empiezan las dificultades en los inicios de este siglo por motivo de la Guerra de Sucesión a la Corona española cuando Felipe V, primer rey de la Casa Borbón visita el pueblo de Alcántara en 1703 donde estaba instalado el ejército francés a las órdenes del duque de Berwick.

Tras ponerse el rey Luis XIV del lado de Inglaterra, aunque en un principio lo había hecho del lado de Portugal, y entrar Francia a formar parte de la denominada Gran Alianza, Felipe V declara desde la villa cacereña la guerra a Portugal.

En 1706 el ejército de la Gran Alianza a las órdenes del marqués de las Minas se asienta en el convento de San Benito, los bombardeos y la ocupación posterior por las tropas portuguesas, con motivo de la guerra con Portugal, le ocasionan notables desperfectos entre los que destacan los producidos en la capilla mayor de la iglesia y en la sillería de la misma y en su parte oriental en la arquería de la hospedería y algunas galerías.

Estos daños fueron reparados entre los años 1744 y 1748 bajo el priorato de frey José de Loaysa Mayoralgo y Chaves, pero para colmo de males el seísmo de Portugal del año 1755, conocido vulgarmente por “el terremoto de Lisboa” que tantos daños ocasionó en multitud de edificios peninsulares, también afectó al conventual, concretamente al coro alto, por lo que el Consejo de Órdenes concede la cantidad de mil setecientos ochenta y nueve reales para su restauración.

Vuelven los problemas a principios del S. XIX a causa de la Guerra de la Independencia. Ya antes de que fuera declarada la guerra entre España y Francia, con motivo de la invasión francesa de Portugal, se instalaron en el conventual los generales franceses Junot y Laborde con cerca de cinco millares de soldados. Esta y otras “visitas” de las tropas francesas le ocasionaron múltiples y graves destrozos además del expolio de parte del patrimonio mueble de la Orden cobijado bajo los muros de este.

Siguieron las desgracias y el 13 de septiembre de 1813 se promulga un decreto por el que se determina la utilización de parte de los fondos de las Órdenes Militares para sufragar los gastos de la guerra, esto determina su postración, su comunidad disminuye notablemente en número, llegando a sufrir verdaderos problemas incluso de subsistencia.

El clima sociopolítico tampoco ayudó y durante el trienio liberal, 1820-1823, se suspenden los colegios y conventos de las Órdenes lo que ocasiona además de penurias económicas, el abandono en muchos casos de sus casas matrices.

Se volvieron a restaurar algunas partes del conventual en 1828 pero con la desamortización de Mendizábal de 1836, proceso en el cual se emitieron en los meses de febrero y marzo de ese año un conjunto de decretos de expropiación y venta de terrenos y otras propiedades de la iglesia católica, el conjunto monumental pasó al Estado siendo destinado a cárcel y escuelas, manteniéndose el prior frey Antonio de Zambrano como juez eclesiástico ordinario al cuidado de su iglesia.

En el cuidado y protección del templo sustituyó a Zambrano el frey Francisco Sánchez de Arjona, que llegó a mantener el edificio, incluso de su propio bolsillo.

Pero en enero de 1856 toma las riendas Francisco de Cárdenas y Chacón, caballero de Calatrava, lo que provoca su absoluta depredación y abandono, pasando parte de su mobiliario litúrgico a algunas iglesias de poblaciones cercanas, tal es el caso de los tubos del órgano que se aprovecharon para el de la iglesia de Santa María de Brozas, o el del altar mayor que sería llevado al nuevo templo parroquial de San Vicente de Alcántara.

Debido a este abandono, el edificio conventual es subastado el 22 de marzo de 1866, y adjudicado a Miguel de Amarilla de Sande (https://www.familysearch.org/tree/person/details/GCW5-4TC) y se pretende hacer lo mismo con la iglesia pero la oposición del pueblo y sus autoridades consigue que una Real Orden con fecha 11 de abril de 1872 paralice la subasta de esta.

Con posterioridad, el edificio conventual en su parte principal es adquirido por Hidroeléctrica española en 1961 con motivo de la construcción en el pueblo de Alcántara de una presa hidráulica a orillas del río Tajo y se adjudica el proyecto de restauración al arquitecto Miguel de Oriol Ibarra. Después la Diputación de Cáceres adquiere la parte restante, entre las que se encuentran la fachada oriental y los aledaños, e inicia también su restauración y rehabilitación adjudicando el proyecto al arquitecto Dionisio Hernández Gil.

Finalizadas ambas restauraciones y la rehabilitación del edificio, nace en 1985 la Fundación San Benito de Alcántara constituida por HE, hoy Iberdrola, la Orden Militar de Alcántara, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Alcántara y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres pasando a ser este conventual su sede y lugar de encuentro, estudio e investigación de la cultura extremeña.

Es por esto por lo que, ya recuperado su pasado esplendor como joya del renacimiento extremeño, empieza a acoger entre sus muros parte relevante de los eventos culturales de la villa alcantarina.

También acoge acertadamente entre ellos, concretamente en las estancias sitas en la fachada occidental de la iglesia de San Benito, al Centro de identidad de Órdenes de Caballería – Alcántara. No podría este centro cultural encontrarse situado en un lugar más acorde a su función.

Para finalizar, señalar que es un orgullo para mí como alcantareña, observar como este imponente conventual ha sobrevivido solemne a todo un periplo de inclementes circunstancias históricas en sus más de cinco siglos de existencia superando guerras, expolios, seísmos, desamortizaciones y abandono sin perder un ápice de su monumentalidad e importancia

LA PÉRDIDA Y SUSTRACCIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA ORDEN MILITAR DE ALCÁNTARA, FALSOS MITOS Y CREENCIAS

Hasta ahora se ha tenido como cierta la creencia de que gran parte de los archivos de la Orden de Alcántara desapareció durante la Guerra de la Independencia, pero después de ahondar en el gran trabajo de investigación realizado por D. Dionisio Martín Prieto, D. José María López de Zuazo y Algar y D. Bartolomé Miranda Díaz que lleva por título “Supuesta pérdida y dispersión de los archivos de la Orden Militar de Alcántara desde 1807”, se puede deducir que esta teoría es errónea. Quiero hacer constar que mi único afán es exponer muy resumidamente lo que a ellos les habrá supuesto un gran esfuerzo temporal en su labor de investigación.

Pues bien, después de la Reconquista de Alcántara, a principios del S. XIII, la Orden del Pereiro trasladó su convento matriz, situado en la localidad del mismo nombre en la ribera del rio Coa, a la villa del puente romano pasando a llamarse esta Orden del Pereiro y Alcántara y finalmente sólo de Alcántara. Situó su sede, como es bien conocido, en el Sacro Convento de San Benito sito en esta localidad Cacereña y en él, el Archivo de la Orden en el que quedaron custodiados no sólo documentos, también dinero y otros bienes pertenecientes a esta.

Por frey Alonso de Torres y Tapia, prior de la Orden de Alcántara hasta su muerte en 1638 y cronista de esta, se sabe que el lugar donde se ubicó el Archivo de papeles fue el claustro bajo entre la portería y la iglesia del Conventual. Durante la guerra de Sucesión fue alcanzado este por una bomba justamente en el flanco sur del claustro donde estaba el Archivo y se perdieron algunos documentos.

Se realizaron varios inventarios durante el tiempo que permaneció el Archivo en el Sacro Convento, uno de los más importantes fue el que realizó Alonso Antonio Mateos, experto en letras antiguas, en 1749 que inventarió, resumió y rotuló todos los documentos quedando el Archivo organizado en doce papeleras y dos estantes que fueron reubicados en la sala prioral alta. El libro índice de este se encuentra conservado en el A.H.N.

El Archivo se mantuvo sin alteraciones hasta la guerra de la Independencia, durante la que el ejército francés al mando del general Junot en su paso para ocupar Portugal en 1807, entró en Alcántara y de este hecho nace la tan rememorada anécdota "del recetario" que sustrajeron los franceses con las recetas tradicionales de la cocina alcantarina y que el famoso cocinero Auguste Escoffier popularizó años después haciéndolas suyas. También se popularizó la creencia de que fue este ejército el que expolió el Archivo custodiado en el Convento, pero sostienen los autores anteriormente citados que, si esto hubiera ocurrido realmente el prior y los demás freiles no hubieran permitido que documentación importante como bulas, privilegios, escrituras, rentas de yerbas etc. hubieran caído en manos francesas porque toda ella daba fe de sus propiedades y derechos. Por otro lado, tampoco existe ningún escrito del prior narrando semejante desastre que, de haber ocurrido, hubiera sido elevado por este al Consejo de Ordenes.

Sostienen estos autores que es posible que hubiera una entrega pactada e irrelevante de documentación por parte del prior a los franceses, que posteriormente exageraron para mitificar su potencial como ejército.

La verdadera destrucción del Archivo empieza cuando el gobierno liberal de Riego decretó en 1820, dentro del Trienio Liberal, la supresión de todos los conventos incluidos los de las Órdenes Militares. Durante este Trienio se produjeron robos de los bienes y reliquias de las iglesias, destrucciones de retablos y sustracción de libros y documentos. El edificio del Conventual paso por ello, pero no pudo ser vendido por su alto valor y fue destinado a Contaduría de Rentas, cárcel, juzgados, almacén militar e incluso en algún momento a salón de baile para representaciones teatrales.

Retomado el poder absoluto por Fernando VII en 1823, se restablece el Real Consejo de Órdenes Militares y con ello sus conventos y monasterios. Sin embargo, el golpe certero llegaría con los decretos del 25 de julio y 11 de diciembre de 1835 cuando los desamortizadores volvieron a suprimir los monasterios y conventos y destinaron sus bienes a saldar la deuda pública y al mantenimiento de las tropas Isabelinas durante las guerras Carlistas. En 1838 se devolvieron a los conventos matrices los documentos que no tuvieron interés para la administración pública.

Vuelve por tanto el Archivo a Alcántara, pero cinco años después, el gobernador eclesiástico D. Francisco Sánchez Arjona manifiesta al Tribunal de Órdenes su preocupación por el abandono del Convento y el estado de deterioro de su Archivo, este Tribunal atendiendo la petición de Sánchez Arjona, aprueba su traslado a Madrid y así en 1836 empieza a remitir documentación al A.H.N. y otros archivos como el de Pruebas y Pleitos de Toledo, donde fue nuevamente ordenada y clasificada en un largo proceso que, todavía continua a día de hoy.

Por todo lo expuesto podemos concluir que la destrucción del Archivo de la Orden de Alcántara no se produjo tanto por el ejército francés durante la Guerra de la Independencia y sí más por los decretos desamortizadores del pasado S. XIX que descompusieron sus fondos documentales propiciando el extravío de muchos y la apropiación de otros por manos particulares.

LA CONCESIÓN DEL HÁBITO AL PRETENDIENTE A CABALLERO EN LA ORDEN MILITAR DE ALCÁNTARA

Es difícil reflejar el número de personas que solicitaron la concesión del hábito de Caballero en esta Orden Militar castellana, y cuántas realmente llegaron a obtenerlo debido a la dificultad para localizar la documentación que acreditaba el procedimiento de solicitud de "merced de hábito", o los memoriales elevados al Rey por los particulares.

También contribuyó poderosamente a esto, la desaparición de los archivos de la Orden custodiados en su sede central sita en el Conventual de San Benito en la villa de Alcántara (Cáceres) durante la Guerra de la Independencia.

El proceso para la toma de hábito de caballero   se iniciaba cuando el Rey, una vez recibida la información sobre la veracidad del memorial del solicitante, decidía si este era merecedor de dicha "merced de hábito". Aceptada la solicitud, se enviaba al Consejo de la Orden un Real Decreto que pondría en marcha el procedimiento administrativo para la obtención del mismo.

Este procedimiento  se dividía en dos fases: 

La primera que se iniciaba con la apertura de tres expedientes a nombre del pretendiente; el del Secretario, el del Escribano de Cámara  y el de Pruebas.

La segunda que abarcaba desde la finalización del expediente de Pruebas hasta que se producía la profesión del caballero, después de un año como caballero novicio.

Además de todo lo dicho, el aspirante al hábito tendría la obligación de asumir unos deberes espirituales y temporales.

Según nos indica el autor A. Álvarez de Araujo y Cuellar en su libro “Ceremonial de las Órdenes Militares de Calatrava, Alcántara y Montesa” (Madrid 1893) para tomar el hábito de la Orden militar de Alcántara, el pretendiente deberá tener al menos diez años de edad, no en todas las órdenes militares esta edad será la misma,  y haber superado las pruebas de legitimidad, limpieza y nobleza de sangre, según Bula del Papa Gregorio XV..

El hábito deberá recibirse en el Conventual de San Benito, sin embargo  esto podrá producirse en otro sitio a elección del pretendiente si se cuenta para ello con licencia del Rey.

Antes de recibirlo el aspirante ha de confesar con un sacerdote, preferentemente de la Orden, y comulgar después de haberlo recibido.

En cualquier caso, si  se recibiere este con protestación, cuestionamiento del derecho a recibir el hábito de Caballero por falta de cualidades o los requisitos necesarios para ello, y en algún momento quedare probado que el receptor no goza de las cualidades de nobleza y limpieza de sangre que alega,  podrá verse despojado de él y expulsado de la Orden.

Recibido el hábito, y dentro del año de su aprobación, deberá permanecer el caballero novicio un mes en el convento para aprender y practicar  la Regla de San Benito, Regla Benedictina que Benito de Nursia elaboró a principios del S. VI, destinada a los monjes cuyo principal mandato era “ora el labora”. De igual manera deberá aprender y celebrar las ceremonias de la Orden. 

Todos los miembros de la Orden de Alcántara, monjes y caballeros,  quedarán obligados a vivir con arreglo a dicha Regla manteniendo los votos contraídos, observando los ayunos y silencios y rezando "las Horas" reunidos en el Coro.

Deberán asistir también  los caballeros novicio a  los Oficios Divinos y no podrán poseer cabalgadura, ni perros, ni aves, tampoco más de un criado.

La profesión, o confirmación del hábito, no podrá hacerse ante de los diez y siete años de acuerdo con el Concilio de Trento,  Concilio ecuménico de la Iglesia católica desarrollado en periodos discontinuos durante veinticinco sesiones entre los años 1545 y 1563, y por supuesto ha de haberse cumplido el año de aprobación o noviciado  previamente.

El que no profesare después de ese año tendrá una pena de cien ducados y otros cien por cada año que pasare sin profesar. 

“LA PRAGMÁTICA DE LOS ACTOS POSITIVOS” PARA LA OBTENCIÓN DEL HÁBITO DE CABALLERO EN LAS ÓRDENES MILITARES CASTELLANAS. “LINAJUDOS” Y “AGENCIAS DE MEDIACIÓN”

Los “controles de calidad” establecidos por el Consejo de las Órdenes militares castellanas para la concesión de la “merced de hábito” al pretendiente a caballero, entraban en confrontación con la “política clientelar” del monarca, por lo que se le solicitó a este, por parte de la corona, que actuara con tolerancia en las “exigencias de idoneidad” para ingresar en las Órdenes, tanto para aspirantes que servían y apoyaban a la monarquía, como para aquellos  que pudieren ser de utilidad en empresas futuras.

Por esta razón se puso a disposición de este tipo de aspirantes una serie de vías alternativas para que, aún no reuniendo las condiciones exigidas por el Consejo, pudieran llegar a alcanzar el ansiado hábito. Este tipo de pretendiente no era poseedor de un rancio linaje y sin embargo había conseguido un rápido ascenso social a través de cargos ocupados en la administración, el gobierno, el ejército o el comercio y ambicionaba ocupar posiciones de nobleza.

El 19 de febrero de 1623 se produjo un importante hecho; Felipe IV decretó la “pragmática de actos positivos”, que fue confirmada por el Papa Urbano VIII en 1624, lo que supuso la apertura de la puerta de las Órdenes Militares castellanas a los comerciantes. Esta pragmática permitía lograr a un linaje una sentencia en firme que acreditara la nobleza de sus descendientes si éste la demostraba en tres generaciones, o lo que es lo mismo, si obtenía tres actos positivos  y de los tres  que era necesario acreditar, al menos uno debía emanar del Consejo de Órdenes. Como era de esperar esta institución se opuso a tal resolución alegando  que la única manera de certificar la idoneidad para ostentar el hábito era a través de las comprobaciones establecidas, es decir, enviando informantes a los lugares de origen del pretendiente para la obtención de pruebas y testimonios que acreditasen la nobleza e hidalguía del pretendiente y sus ascendientes. No es difícil determinar que esto creó un gran malestar entre los miembros del Consejo que vieron mermadas sus atribuciones.

Los expedientes de pruebas por actos positivos fueron menos voluminosos que los formales, aún así se nombraban informantes quienes recibían los testimonios de estos actos para su comprobación, y realizaban unas breves averiguaciones sobre el pretendiente.

En vano intentó el Consejo que se practicaran las pruebas de los aspirantes con rigor y limpieza. Se produjo un aumento de malas prácticas para la obtención del codiciado hábito y la  proliferación de solicitudes de merced lo que ocasionó el surgimiento de una serie de “personajes” que participaban de manera fraudulenta en las pruebas de honor, tales como falsos testigos, escribanos, archiveros o deshonestos genealogistas creadores de ficticios linajes y falsos blasones .

Se dieron también numerosos casos de archiveros y escribanos que facilitaron información confidencial o la suplantaron o eliminaron. Por todo ello el Consejo de Órdenes determinó que la documentación original debía inspeccionarse en Madrid por sus ministros para comprobar su autenticidad.

Surge en estos inciertos momentos la figura del “linajudo”, profesional con un vasto conocimiento de linajes, que aparece en el momento de la práctica de las pruebas y que en algunos casos se hace acompañar de un falsificador documental. Este individuo aprovecha estos conocimientos para sobornar y extorsionar al pretendiente con la amenaza de aportar pruebas falsas o acusaciones a su expediente de pruebas  en el que participa como profesional.

En principio los “linajudos” eran archiveros con acceso a información comprometida o escribanos con afición genealógica. Con el tiempo se sofisticaron llegando en algunos casos a beneficiarse de un valioso legado que fue pasando de padres a hijos, en un negocio que dejó sustanciosos beneficios.

Fue por esto por lo que Felipe IV prohibió que se acumulara información de linajes, libros, catálogos o registros con penas de quinientos ducados y dos años de destierro. A pesar del decreto emitido, se mantuvieron estas prácticas. Fueron tan conocidas en la sociedad castellana, que algunos pretendientes al hábito llegaron a contactar con estos “linajudos” en busca de acuerdos antes de entregar las genealogías al Consejo, otros por el contrario optaron por no iniciar la tramitación del hábito ante el miedo de caer en manos de alguno  que acabase con su honra o su hacienda, o ambas,  de no ceder al chantaje.

Pero también existieron, tal y como señala Giménez Carrillo, “agencias intermediarias” en la tramitación del hábito sitas en la Corte. Algunos pretendientes acudieron a ellas al tener serías dificultades para lograr la aprobación del Consejo de Órdenes. A tal efecto contaban con una serie de estrategias e instrumentos para lograr que un aspirante pudiera lucir el hábito a pesar de no cumplir con las exigencias de idoneidad o tener alguna mácula en la genealogía. Estas agencias ejercían presión para que fuesen nombrados determinados informantes en los procesos de pruebas o planificaban las testificales que debían evitarse en estos procesos, por no decir que tenían contacto con archiveros y religiosos que permitían acceder a la documentación confidencial que supuestamente custodiaban. En definitiva, el concurso de estas “agencias intermediarias” garantizaba la obtención del hábito al pretendiente.

Estas prácticas tan poco honestas motivaron que el Consejo de Órdenes endureciera fuertemente los requisitos y probanzas para la obtención del hábito. Así en los inicios del siglo XVII, el Consejo se estableció como el principal tribunal ante el que probar la nobleza. Ni siquiera haber sido examinado por la Inquisición suponía garantía de pureza y a pesar de el uso de “atajos” “trucos” o “trampas” para la obtención del hábito de caballero, el expediente de pruebas constituyó un certificado fehaciente y veraz acreditativo de limpieza de sangre  y nobleza de linaje a la hora de obtener el tan preciado hábito de caballero de una Orden militar castellana.